¿Se está acercando el final de los paraísos fiscales?

Autor: Joaquín Garralda, Decano de Ordenación académica de IE Business School.

El término “paraíso fiscal” es muy atractivo para etiquetar a un concepto que tiene una  definición compleja – por ello hay varias listas que incluyen a un mismo país en un nivel u otro –  facilitando su utilización por los medios.

Para contestar a la pregunta del título tendríamos que valorar varios vectores: El dinero es muy miedoso; la digitalización de la información la convierte en difícil de ocultar y olvidar, a la vez que fácil de transportar y enviar por la red; en general en los países desarrollados la sociedad considera muy negativamente no pagar impuestos mediante la utilización de lagunas legales que el ciudadano medio no puede utilizar; la regulación creciente en favor de la transparencia que obliga a las instituciones a facilitar las denuncias de sus empleados por medio de una entidad externa que asegure la confidencialidad; las regulaciones como la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)  de Estados Unidos que considera a la entidad financiera que haya intervenido en el fraude como cómplice del delito o las que recompensan a los denunciantes con una parte de las multas impuestas; y, por último, la percepción psicológica asimétrica del individuo que le produce más rechazo la posibilidad de perder una cantidad de dinero que ganar la misma cantidad (aversión al riesgo).

¿Son suficientemente fuertes y están alineados estos vectores para hacer que el número de individuos que utilizan “estrategias fiscales agresivas” – sean ilegales o no – se reduzca sustancialmente?

Los traficantes ilegales y demás individuos fuera de la ley, no cabe duda que seguirán utilizándolos y encontrarán siempre métodos para ocultar su actividad. Sin embargo, considero que estos vectores, reforzados por la crisis económica que empezó en el 2008, inducirán a muchas personas a “abandonar” esa posición sobre la que la espada de Damocles está cayendo más veces de las que históricamente se habían producido.

¿Y las empresas? Comparten varios de estos vectores, pero hay uno muy relevante, el riesgo reputacional cuya valoración se está elevando, especialmente si se incluye a los inversores. Ante esta situación muchas empresas con marca conocida prefieren que el regulador establezca las medidas que deben cumplir todos, evitando las actuaciones oportunistas. En esta línea está avanzando apreciablemente la aceptación de la iniciativa BEPS de la OCDE, que obliga a comunicar con transparencia los resultados país a país, dejando al rechazo social de los ciudadanos de los países el castigo de unos comportamientos fiscalmente agresivos.

¿Es una ingenuidad creerse el título de este artículo?  No creo. Lo que sí puede debatirse es la velocidad de acercamiento, aceptando que el final es asintótico. Nunca se alcanzará dados los comportamientos ilegales que siempre existirán.

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